La reforma del Código Canónico simplifica la nulidad matrimonial

El 8 de diciembre de 2015 entró en vigor la reforma del proceso canónico de nulidad matrimonial, que impulsada por el Papa Francisco persigue agilizar trámites, hacerlos gratuitos, acortar plazos y prescindir de una de las dos sentencias favorables necesarias hasta ahora.

El 8 de diciembre de 2015 entró en vigor la reforma del proceso canónico de nulidad matrimonial, que impulsada por el Papa Francisco persigue agilizar trámites, hacerlos gratuitos, acortar plazos y prescindir de una de las dos sentencias favorables necesarias hasta ahora.

Según la Iglesia, esta modificación del Código Canónico no pretende favorecer las nulidades, sino evitar que, debido a la burocracia vaticana, los católicos opten por saltarse el procedimiento de verificación de la validez del sacramento y actúen por la vía de los hechos.

Estas reformas fueron publicadas en dos documentos, decretos papales o Motus Proprio (Mitis Iudex Dominus Iesus y Mitis et misericors Iesus). En el primero de ellos se recoge la modificación del Código Canónico del Rito Latino y el segundo hace lo propio con los cambios para las Iglesias Católicas Orientales en comunión con Roma. Son prácticamente idénticos, con una única salvedad: en un caso se habla de obispos y en el otro de patriarcas y eparquías.

En la introducción de ambos textos, Francisco aclara que la reforma tiene como objetivo agilizar el proceso. No se persigue, por tanto, favorecer la nulidad de los enlaces matrimoniales, como ciertos sectores se han encargado de difundir. El Sumo Pontífice ha afirmado que la idea de la reforma se gestó en el Sínodo Extraordinario sobre la Familia, celebrado en 2014. Además, el Papa ha asegurado que son muchos los fieles que venían pidiendo modificaciones como ésta, para evitar el distanciamiento de la Iglesia. 

 

La reforma y su alcance

Las causas para declarar la nulidad matrimonial se ven alteradas sustancialmente con este cambio normativo. Las mismas se hallan reguladas en los cánones que van del 1671 al 1691 del Código de Derecho Canónico (Parte III. De algunos procesos especiales. Título I. De los procesos matrimoniales).

La citada reforma se centra en los siguientes aspectos fundamentales:

La nulidad de un matrimonio puede basarse exclusivamente en una única sentencia ejecutiva. 

Hemos de recordar que, hasta la presente reforma, el Código de Derecho Canónico exigía que cada causa de nulidad fuese objeto de revisión por parte de dos tribunales diferentes en sucesivas instancias. Esta circunstancia eternizaba los procedimientos, pues para considerar firme la sentencia debía ratificarse por el segundo tribunal. A partir de ahora, con una única resolución será posible concluir el proceso, sin perjuicio de que pueda interponerse la correspondiente apelación.

 

Institución de un procedimiento abreviado ante el obispo.

Se aplica en aquellos casos en los que la nulidad se pretende por ambos cónyuges o sólo por uno pero con el consentimiento del otro. Además, los argumentos en torno a la nulidad deben ser especialmente evidentes. El obispo se convierte aquí en el juez único, aunque lo habitual es que los tribunales eclesiásticos estén conformados por tres personas, ejerciendo un clérigo como presidente.

Este mecanismo hace posible que las nulidades se resuelvan en cortos espacios de tiempo, desde mes o mes y medio hasta un año como máximo.

Jueces únicos.

Los obispos pueden designar jueces únicos (deben ser clérigos), para conocer casos de nulidad matrimonial. No obstante, ellos mismos continúan ejerciendo ese cargo en este tipo de procesos.

 

Apelación a la Sede Metropolitana.

Se restaura esta figura secular u oficio de cabeza de la provincia eclesiástica (los recursos de apelación pueden interponerse ante la archidiócesis más cercana, sin necesidad de dirigirse a Roma).

 

Apelación a la Sede Apostólica.

Se mantiene este recurso ante el Tribunal Ordinario de la Sede Apostólica (Rota Romana), con el fin de evitar los abusos de derecho que “puedan producir algún daño a la salvación de las almas”.

 

Gratuidad.

El nuevo proceso es gratuito. Sin embargo, los promotores de una causa de nulidad pueden efectuar aportaciones voluntarias, que se emplearán para el correcto funcionamiento de los tribunales.

Tengamos en cuenta que antes de los cambios el procedimiento era bastante costoso. Las tasas del tribunal rondaban los 1.000 euros. A esta cantidad había que añadir honorarios de abogados y el coste de las pruebas. 

A partir de ahora, la tasa del tribunal será “0”, aunque hemos de tener en cuenta que los honorarios de los abogados son independientes de las decisiones de la Iglesia.

Cuando se trata de personas sin recursos, ya existía con carácter previo a la reforma el denominado “patrocinio gratuito”. Gracias a esta figura es posible aplicar reducciones de tasas de hasta el 75 por ciento, aunque el funcionamiento del sistema es desigual en función de la diócesis de que se trate.

Los caminos de esta reforma no serán fáciles de implantar. Tengamos en cuenta que los obispos son jueces únicos en este tipo de procedimientos y, a día de hoy, no han recibido formación especializada al respecto.

Recordemos, por último, que para iniciar una demanda de nulidad matrimonial es preciso dirigirse al tribunal eclesiástico de la diócesis en la que se celebró el enlace. Es entonces cuando un perito canónico efectúa una primera calificación del caso, para orientar en torno a la viabilidad o no de la pretensión. En caso de conclusión positiva, el demandante debe ponerse en manos de un abogado matrimonialista especialista en derecho canónico. 

Parece evidente que los procedimientos de nulidad se agilizan considerablemente con los nuevos cambios. Sin embargo, habrá que esperar algún tiempo para comprobar si se cumplen los otros grandes objetivos que escondían la reforma: recuperar para la Iglesia a los católicos divorciados, hacerla más cercana y evitar que los fieles obvien el proceso de verificación de la validación del sacramento, actuando al margen de la Institución.
 

Nestum

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